La XI Marcha Indígena ingresó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el jueves 30 de septiembre. Más de 500 representantes de pueblos indígenas dieron los últimos pasos de una marcha que duro más de un mes con un recorrido 550 kilómetros. Exigen que el gobierno respete la integridad de su territorio y proteja la naturaleza, de acuerdo con la constitución del país. El presidente Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS), rechaza cualquier diálogo hasta la fecha.

Marcha para defender los derechos de los pueblos indígenas

Agotados, los representantes de una treintena de comunidades indígenas son atendidos a su llegada por los servicios médicos de Santa Cruz. En la simbólica plaza central de la ciudad, la primera del país en lograr la independencia, despliegan sus pancartas y explican a los ciudadanos los objetivos de sus luchas. “Queremos el reconocimiento de la dignidad del territorio y de los pueblos indígenas que lo habitan”, explica Marcial Fabricano, líder indígena de 68 años, ya uno de los protagonistas de la 1ª marcha indígena de 1990.

Estas marchas permitieron avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las minorías indígenas, pero fueron burladas e incluso reprimidas por el ex gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena del país.

El gobierno rechaza cualquier diálogo

El gobierno de Arce denuncia una politización del movimiento indígena, que estaría a cargo del gobierno de derecha y los empresarios de Santa Cruz. Los manifestantes buscarían “desestabilizar el país”, afirma incluso en los diarios el diputado Daniel Rojas, proveniente de las filas del MAS. La Paz, sede del gobierno, rechaza cualquier diálogo con los líderes indígenas a pesar de las ofertas lanzadas por Marcial Fabricano: “Los incendios y las ocupaciones de tierras por parte de personas ajenas a nuestras comunidades están asolando nuestro territorio. Los indígenas y los no indígenas necesitan de la naturaleza para sobrevivir. Nuestros árboles, nuestras rocas, nuestra agua están desapareciendo. Estamos aquí para escuchar lo que el gobierno tiene que decir al respecto ”, dice el icónico nativo de 60 años. ¿Qué hará si el gobierno se niega a dialogar? “Escucharemos su respuesta”, repite.

Es difícil para el MAS calificar de racistas a los manifestantes, calificativo que no deja de utilizar para la élite de Santa Cruz, su principal opositor político y que apoya la marcha. Preguntado sobre la acogida ofrecida por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Fabricano se justifica que “no puede desconocer una autoridad elegida por los habitantes de Santa Cruz; ¿Quién soy yo para no responder a su saludo, a su presencia, si viene a nosotros? Recibimos a todos en nuestra marcha, sin discriminación, y ni siquiera sabemos quiénes se unieron a nosotros y con qué propósito. Pero somos transparentes, sinceros, respetuosos, humildes y firmes como son los indígenas

El ecosistema amazónico, el gran olvidado de los cálculos políticos

Las tensiones entre los indígenas bolivianos y el gobierno boliviano no son nuevas. Se han organizado seis marchas desde que Evo Morales llegó al poder en 2006. Según CEDIB, una ONG boliviana de derechos humanos, “en 2011, 2.000 indígenas fueron detenidos violentamente por las fuerzas del orden. El objetivo del gobierno es acabar con las tierras indígenas y ofrecerlas a las multinacionales para que extraigan la riqueza mineral y los hidrocarburos que contienen ”.

Alex Villca, un célebre activista indígena cuya ONG tiene la particularidad de trabajar con las etnias del Altiplano, va más allá: “Al MAS no le importan los indígenas. Nuestros territorios se encogen un poco más cada día debido a la ocupación ilegal de nuestras tierras por parte de las etnias del Altiplano. Carreteras y proyectos extractivos cimentan nuestro entorno. Somos los guardianes de los pulmones de la tierra, la Amazonia, y estamos perdiendo la batalla “. Y para concretar: “El gobierno de Áñez (ex presidenta interin, ahora presa) no nos trató mejor, ni trató mejor a la madre naturaleza”.

En un país profundamente dividido políticamente, los bosques pagan el mayor precio del conflicto. El mayor desastre ecológico de la historia de Bolivia ocurrió en 2019, cuando 6 millones de hectáreas de la selva chiquitana se esfumaron, durante incendios “controlados” autorizados por decreto del ex-presidente Morales. La tierra que se había vuelto cultivable fue inmediatamente ocupada por las etnias del Altiplano, principal sostén del MAS. Desde entonces, ya pesar de dos gobiernos sucesivos de ideologia opuesta, han desaparecido 5 millones de hectáreas más; a un mes de la COP 26 en Glasgow, la lucha de los Guardianes de la Amazonía por más dignidad corre el riesgo de no ser escuchada en Bolivia, ni en ningún otro lugar.